El Pleno del ayuntamiento de Palma ha aprobado en su sesión de hoy, miércoles, la instalación de las controvertidas cámaras fotográficas para controlar las entradas y salidas del casco histórico, pese a la oposición frontal de los vecinos y comerciantes que han recurrido al Defensor del Ciudadano, Miguel Lladó y al tiempo de que la prensa madrileña se hace eco de una dura multa de 6.600 euros que impuso la Agencia de Protección de Datos al ayuntamiento de Mérida por instalar unas cámaras similares en los autobuses urbanos al estimar que invadían la intimidad y privacidad de los ciudadanos.

En el plenario, intervino la representante de los vecinos, Marisé Fernández, que expuso el posicionamiento de los afectados y las razones que justificaban la frontal oposición a la iniciativa del ayuntamiento de izquierdas. El concejal del Partido Popular, Carlos Veramendi, intervino duramente, descalificando el proyecto y a sus impulsores y afirmando que, de acuerdo con titulares de prensa, “habían sido abroncados” en su reunión con los vecinos.

Joaquín Rodriguez, concejal de Movilidad y principal impulsor, junto con el técnico Donate, del proyecto, explicó que la reunión que mantuvo con los vecinos fue “dura”, pero siempre correcta, civilizada y sin “broncas” como se deducía, por lo demás, de una comunicación que se le había trasladado, desde las asociaciones vecinales, tras dicha reunión. Grosske y NadalEspecialmente desafortunado estuvo Eberhart Grosske que negó a los vecinos legitimidad para oponerse a un proyecto que era “técnico”, lo cual, a su juicio, excluía la posibilidad de que los afectados se manifestaran sobre su bondad o maldad. Por su lado, el concejal de UM e integrante del Pacto municipal de Izquierdas, Miguel Nadal, explicó que había “otros sistemas” para regular el acceso al casco histórico y que merecían ser ponderados, sobre todo vista la oposición unánime del vecindario y los comerciantes. De forma incongruente y sorpresiva, sin embargo, a la hora de votar, Nadal fue de los que levantó su mano para aprobar el proyecto municipal.Con el Defensor del CiudadanoMientras todavía duraba el peno municipal, representantes de las distintas asociaciones de vecinos fueron recibidos por el Defensor del Ciudadano, Miguel Lladó, al que se le entregaron los pliegos que razonaban la oposición vecinal a las cámaras fotográficas. Es, sin duda, la primera “patata caliente” que deberá lidiar el recién estrenado Defensor del Ciudadano, cuyo dictamen, sin duda, será mirado con lupa por los palmesanos.

Curiosamente, la prensa madrileña- el ABC, concretamente- se hace eco en su edición del miércoles de la airada oposición de los vecinos de Mérida a que se instalen este tipo de cámaras para controlar el acceso de vehículos al centro histórico de la ciudad por entender que se atenta contra la privacidad e intimidad de los ciudadanos. Parten, en el caso de Mérida, de antecedentes favorables para frenar la instalación de las cámaras: la Agencia de Protección de Datos impuso una fuerte multa- 6.600 euros- a la empresa municipal de transporte por haber colocado cámaras en el interior de los autobuses urbanos al estimar que estaban infringiendo la legalidad vigente en materia de privacidad.

Se negocia bajo manga A pesar de la contundencia de una aprobación en pleno municipal, LB ha podido saber que se está negociando bajo manga una solución que sustituya las cámaras por unas barreras que se abrirían y cerrarían, con lo cual se evitarían los accidentes que se han producido con los pilones. Los vecinos, sin embargo, insisten en que, en cualquier caso, debe mantenerse una comunicación como la que existe actualmente que permite una razonable flexibilidad que no ha supuesto, hasta el presente, una “invasión” de vehículos del casco histórico. Y es que, en definitiva, los titulares de los derechos a entrar o salir de sus barrios son los ciudadanos y no los coches y este matiz es el que permite ser contemplado con el sistema de comunicación. Por lo demás, los socialistas, cuando han estado en la oposición, se han negado ferozmente, en prácticamente todos los ayuntamientos que han intentado colocar cámaras, a la instalación de semejantes artilugios. Ahora, por el contrario, son los que los promueven, no sólo en Palma, sino allí donde gobiernan. Más: da la impresión que esta decisión de colocar cámaras se ha tomado en Ferraz y para toda España con previsibles compras masivas de aparatos que las terminales políticas socialistas en las ciudades españoles se encargan de colocar.

Fuente: libertadbalear.com